Exilio a golpes en la frontera

La situación humanitaria en Venezuela está tomando visos de tragedia. A la usanza de las  prácticas de discriminación racial que imperaban antes de mediados del siglo XX en Europa, las autoridades de ese país, amparadas en el estado de excepción que decretó el presidente Nicolás Maduro, están a la caza de colombianos que viven de manera ilegal en el país vecino. 

De casa en casa, sin orden judicial, los militares revisan cajones y enseres, piden papeles y hacen cateos. Marcan las casas de cinco municipios del estado Táchira (limítrofe con Norte de Santander) con letras que señalan el destino que dichas construcciones deben correr. Si no tienen la R de revisado, les toca la D de demoler. 

 

 Y a continuación, con la celeridad de un juicio abreviado, la orden es ejecutada. Al estridente sonido de las grúas que por esta época pululan en la zona, le siguen los gritos de la población desesperada. La caída de las humildes estructuras. El derrumbe de sueños construidos durante años en medio de una pobreza similar a la que abundaba en la Colombia de la que miles huyeron desde los años 80 para buscar refugio en contra de la violencia de los guerrilleros. De los desmanes de los paramilitares. De las presiones del narcotráfico y del abandono al que fueron sometidos durante mucho tiempo por el Estado en el que nacieron. 

 

Se instalaron del otro lado de la frontera en barriadas informales  y se emplearon en lo que pudieron tratando de aprovechar las ventajas de la ubicación de sus nuevos hogares. Por eso, muchos sobreviven con el comercio, incluso de gasolina. Y por eso también los grupos ilegales que les hicieron imposible la vida en Colombia vieron que podrían extenderse hasta allí con sus prácticas criminales. Todos buscan sacarle provecho a la frontera desde hace muchos años y ahora el gobierno venezolano emprende con sorprendente celeridad un generalizado plan dizque para acabar con la ilegalidad que durante tanto tiempo no vio. Y los más pobres, como de costumbre, son los que terminan perdiendo.       

 

Muchas casas ya han sido derribadas, sobre todo en la zona cercana al puente internacional Simón Bolívar. Hasta ahora, según cifras del gobierno venezolano, 791 ciudadanos colombianos han sido deportados por su situación ilegal. En cambio, el gobernador de Táchira, José Vielma Mora, dice que son 1.012 expulsados. Cifras extraoficiales revelan un horizonte mayor: esta semana, por lo menos otros 2.000 colombianos tendrían que volver al país. Vladimir Solano, periodista del diario La Opinión de Cúcuta, dice que los ánimos en la zona están caldeados. “Por una parte, han sacado a la gente que vive cerca del río. Los que han sido deportados viven cerca de ese lado. Hay retenes y sacan a muchos colombianos sin documentación”.