Avanza contratación provisional de aseadoras y vigilantes

Esta semana comenzó la contratación directa de vigilantes y aseadoras de los colegios oficiales, bajo la figura de prestación de servicios de apoyo a la gestión.

La administración local adoptó la medida luego de una serie de protestas de la comunidad educativa, que exigía una solución mientras se cumple el trámite de licitación con empresas que ofrecen personal para ambos servicios.

En días pasados, la Alcaldía indicó que la contratación tercerizada estará lista para los primeros días de marzo, entretanto agentes de Policía y antiguos trabajadores de los colegios, apoyarían las labores.

Pero miembros del Sindicato Únicos de Trabajadores de Bolívar (Sudeb), padres de familia y trabajadores involucrados, se resistían a recibir un servicio precario durante las primeras semanas del año lectivo, por lo que el alcalde Manuel Duque, a final de la semana pasada anunció la disposición.

Según lo informado por la Secretaría de Educación, la contratación de los vigilantes avanza en un 80% y la de aseadoras, un 30%.

“El proceso va un poco atrasado con el personal de aseo porque muchos de los trabajadores no contaban con los requisitos que exige la plataforma del Gobierno para estos contratos, por ejemplo un correo electrónico”, reveló un vocero de ese despacho y agregó que el personal de la Secretaría está colaborándoles para agilizar el trámite.
No obstante, el Sudeb afirmó que el personal contratado aún no ha llegado a las instituciones a ejercer su trabajo.

“Siguen jugando con la angustia y las ansias de trabajar de los más necesitados, matemáticamente es imposible que esta semana se contrate todo el personal, porque son tres mil trabajadores que se requieren para cubrir los colegios públicos”, indicó Medardo Hernández, presidente del Sudeb.

“Hago un llamando a la Procuraduría y Contraloría para que pongan los ojos en este multimillonario contrato, que año tras año es inestable y perjudica a los estudiantes y docentes”, dijo Hernández.

La asociación sindical estudia la posibilidad de instaurar una tutela o iniciar una acción popular para proteger el derecho a la educación integral.